En este escenario, la recuperación ambiental sigue siendo la máxima prioridad, pero la severidad del cambio climático ha llegado a un punto de no retorno. Las políticas ambientales extremas se han vuelto indispensables para evitar un colapso económico y social total. Las medidas adoptadas, aunque necesarias, solo logran mitigar parcialmente el daño ambiental, evitando así un colapso absoluto, pero sin revertir los efectos ya avanzados del deterioro climático.

Las empresas han tenido que rediseñar sus operaciones, invirtiendo en tecnologías limpias y adoptando procesos que minimizan su impacto ecológico. Sectores intensivos en recursos, como la industria manufacturera y el transporte, han debido reducir drásticamente sus actividades para cumplir con estrictas regulaciones ambientales. Esto ha generado un entorno empresarial donde la eficiencia energética, el uso limitado de recursos y la gestión de residuos se han vuelto aspectos críticos para la continuidad operativa.

La sociedad civil vive bajo normativas ambientales comparables a las restricciones implementadas durante la pandemia de COVID-19, con límites severos en el consumo energético, el acceso al agua y la generación de residuos domésticos. El cumplimiento es estrictamente monitoreado, con penalizaciones significativas para quienes no respeten las normas. En este contexto, las empresas deben demostrar un firme compromiso con la sostenibilidad, optimizar sus operaciones y crear cadenas de suministro resilientes para mantener la confianza social y sobrevivir en un contexto ambiental gravemente deteriorado.