Tal como se expuso en la sección de tendencias, en la actualidad es posible observar cómo el entorno laboral actual se caracteriza por la convergencia de perspectivas éticas diversas. Lejos de existir un marco ético uniforme compartido por todos los colaboradores, las organizaciones reúnen cada vez más a individuos cuyos valores pueden estar en tensión, derivados de diferencias generacionales, culturales, experiencias migratorias o posiciones sociales.

En este contexto, es posible imaginar un futuro en el que una de estas posturas haya prevalecido en la disputa cultural, llevando a las organizaciones a un escenario extremo. A modo ilustrativo, podemos visualizar una situación en la que -por distintas razones- las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) se han radicalizado y alcanzado un nivel extremo.

En esta versión del futuro, en Chile se ha implementado la llamada Ley de Cuotas Representativas Netas (Ley CRN). Esta ley obliga a todas las empresas a reflejar proporcionalmente la composición demográfica nacional en términos de género, edad, etnia, origen y discapacidad, con el fin de garantizar una representación equitativa que refleje la diversidad de la sociedad chilena. Concretamente, las empresas deben cumplir con las siguientes proporciones en su plantilla (Instituto Nacional de Estadísticas, 2022):​

• Género: 52% mujeres y 48% hombres.​
• Personas con discapacidad: 17%.
• Pueblos originarios: 13%.​
• Extranjeros: 15%.
• Diversidad sexual: 11%.​

Un escenario de este tipo plantearía evidentemente grandes desafíos, en particular si las empresas podrían contratar a los candidatos más aptos al tener que cumplir con las cuotas, y lo codiciadas que se volverían algunas personas que, aunque sin las capacidades profesionales adecuadas, permitirían cumplir las cuotas.